Violencia intrafamiliar: cómo protegerte y denunciar

Qué se considera violencia intrafamiliar

La Ley 20.066 entiende por violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica de quien es o ha sido tu cónyuge o conviviente civil, de quien es o fue tu conviviente, de tu pareja aunque no vivan juntos, del padre o madre de un hijo común, o de parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado. También protege a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad que estén bajo el cuidado de un integrante de la familia.

La ley incluye la violencia económica: las conductas que buscan afectar tu subsistencia o tu autonomía económica también son violencia. Y el incumplimiento reiterado de la pensión de alimentos, cuando busca controlar la situación económica de una mujer, se sanciona como maltrato habitual si el deudor permanece más de 120 días en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Dónde denunciar y qué tribunal conoce

Puedes denunciar en Carabineros, la PDI, la Fiscalía o directamente en el juzgado de familia del lugar donde vives. La demanda o denuncia puede hacerla la propia víctima, sus ascendientes, descendientes, guardadores o quienes la tengan a su cuidado, y cualquier persona que conozca directamente los hechos.

Si los hechos no son delito, los conoce el juzgado de familia. Si son constitutivos de delito, como el maltrato habitual, lesiones o amenazas, el juez de familia debe remitir los antecedentes al Ministerio Público en un plazo que no puede superar tres días, después de adoptar las medidas cautelares que correspondan.

Medidas de protección y sanciones

Durante el juicio, el juez de familia puede dictar medidas cautelares, que duran hasta 180 días hábiles y pueden renovarse por una sola vez por igual plazo. En la sentencia puede imponer medidas accesorias por un plazo de entre seis meses y dos años. Si el agresor las incumple, se informa al Ministerio Público y el juez puede imponer arresto de hasta quince días como apremio.

• Prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o de estudio.
• Salida del agresor del hogar común.
• Prohibición de tener o portar armas de fuego, con su retención.
• Alimentos provisorios y un régimen provisorio de cuidado personal y relación directa y regular con los hijos.
• Asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar.
• Multa de 5 a 30 UTM como sanción en la sentencia (Ley 20.066, art. 8).

Cuándo la ley presume que hay riesgo

El tribunal debe dictar medidas de protección con el solo mérito de la denuncia cuando hay riesgo inminente, aunque todavía no se haya producido daño. La ley presume ese riesgo cuando concurre alguna de estas circunstancias (Ley 20.066, art. 7):

El tribunal debe dar prioridad a las víctimas embarazadas, menores de edad, personas mayores, personas con discapacidad y otras en situación de vulnerabilidad.

• Intimidación previa, como acoso u hostigamiento, o la existencia de un arma de fuego en el hogar común.
• Antecedentes del agresor, como consumo problemático de sustancias o denuncias, condenas o causas pendientes anteriores.
• Que el denunciado se resista con violencia física o psicológica a terminar la relación.
• Que una persona mayor sea expulsada o restringida en el inmueble propio donde vive.
• Que la denuncia involucre la vida o la integridad física y el denunciado esté autorizado para portar armas o tenga una sin autorización.

Cómo es el procedimiento, etapa por etapa

Es competente el juzgado de familia del lugar donde la víctima tiene su residencia o domicilio, pero cualquier tribunal de familia, fiscal o juez de garantía que reciba la denuncia debe adoptar de inmediato las medidas cautelares, aunque no le corresponda conocer el caso (Ley 19.968, art. 81). Si la violencia está en curso, Carabineros o la PDI deben entrar al lugar, detener al agresor cuando proceda e incautar armas, y el parte policial vale como denuncia (art. 83).

La audiencia preparatoria debe realizarse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la demanda o denuncia, y el denunciado debe comparecer personalmente, bajo apercibimiento de arresto (Ley 19.968, art. 95). Cuando hay un informe de riesgo alto, el juez puede ordenar el monitoreo telemático de la prohibición de acercarse y debe citar a una audiencia de seguimiento dentro de 90 días (arts. 92 bis y 92 ter).

La sentencia se pronuncia sobre si hubo violencia intrafamiliar, la responsabilidad del denunciado y la sanción (Ley 19.968, art. 101). Además, debe ordenar al condenado pagar a la víctima los desembolsos y perjuicios patrimoniales causados, incluida la reposición de los bienes dañados o perdidos (Ley 20.066, art. 11). Las condenas se anotan en un registro especial del Registro Civil y aparecen en el certificado de antecedentes (Ley 20.066, art. 12).

En lugar de dictar sentencia, el juez puede suspender condicionalmente su dictación si hay antecedentes para presumir que el denunciado no repetirá los hechos y este asume obligaciones específicas de reparación o se compromete a cumplir medidas cautelares entre seis meses y un año. No procede, entre otros casos, si ya hubo una denuncia o demanda anterior contra él. Si incumple, el juez dicta sentencia (Ley 19.968, arts. 96 a 99).

Si los hechos son delito

Cuando la violencia constituye delito, como el maltrato habitual, las lesiones o las amenazas, lo investiga el Ministerio Público. En cualquier etapa, incluso antes de la formalización, el juez de garantía puede dictar medidas para proteger a la víctima (Ley 20.066, art. 15). Las lesiones contra las personas protegidas por la Ley 20.066 nunca pueden calificarse como leves (Código Penal, art. 494 N° 5, regla introducida por la Ley 20.066, art. 21).

En estos delitos no proceden los acuerdos reparatorios (Ley 20.066, art. 19). Si se concede una suspensión condicional del procedimiento, el juez debe imponer una o más de las medidas accesorias del art. 9, y un tratamiento terapéutico no basta como única condición (art. 17). Cometer maltrato habitual en presencia de niños, niñas o adolescentes es una agravante (art. 14 quáter).

Errores frecuentes que te pueden costar la protección

Estas situaciones se repiten y tienen una regla legal clara:

• Esperar a que haya lesiones para denunciar: el riesgo inminente basta para pedir protección (Ley 20.066, art. 7).
• Creer que solo cuenta la violencia física: también la psicológica, sexual y económica (Ley 20.066, arts. 5 y 14).
• No informar los incumplimientos de la orden de alejamiento: se comunican al Ministerio Público y permiten arresto de hasta quince días (Ley 20.066, art. 10).
• Esperar que el caso penal se cierre con un pago: en delitos de violencia intrafamiliar no hay acuerdos reparatorios (Ley 20.066, art. 19).
• No pedir la prórroga de las medidas accesorias cuando el riesgo sigue: la víctima puede solicitarla (Ley 20.066, art. 9).

Si no puedes pagar un abogado

La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) entrega orientación jurídica gratuita a cualquier persona y, si no cuentas con recursos para pagar un abogado, puede patrocinarte sin costo, previa evaluación de un trabajador social. Puedes pedir atención en su sitio web o en sus oficinas, y consultar llamando al 101 (ChileAtiende). La violencia intrafamiliar y las medidas de protección están entre las materias que atiende.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género tiene el fono 1455, gratuito, de orientación psicosocial y jurídica para mujeres que viven o han vivido violencia de género y para quienes la presencian. En casos calificados, ese Servicio puede asumir la representación de mujeres adultas víctimas de violencia intrafamiliar que lo pidan (Ley 20.066, art. 20).