¿Renegociar tus deudas o pedir la liquidación voluntaria? Comparación y veredicto

Las dos salidas de la Ley 20.720 para una persona endeudada

La Ley 20.720 ofrece a la Persona Deudora, es decir, a la persona natural que no ha sido contribuyente de primera categoría en los 24 meses anteriores, dos procedimientos distintos para enfrentar deudas que ya no puede pagar (art. 2 de la Ley 20.720). Ambos se conocen en el lenguaje común como «quiebra personal», pero funcionan de forma muy diferente.

La renegociación es un procedimiento administrativo. Lo tramitas ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), que actúa como facilitadora entre tú y tus acreedores. El objetivo es llegar a un acuerdo para pagar en otras condiciones: más plazo, menos intereses o incluso el perdón de una parte de la deuda. Conservas tus bienes, salvo que el acuerdo o la audiencia de ejecución dispongan su venta.

La liquidación voluntaria (que la ley llama «Liquidación Voluntaria Simplificada») es un procedimiento judicial. Lo pides ante el juzgado de letras de tu domicilio (art. 3 de la Ley 20.720). Un liquidador vende tus bienes embargables, reparte lo obtenido entre los acreedores y, al terminar, la ley extingue los saldos que quedaron sin pagar (art. 255). Es una salida de cierre: liquidas lo que tienes y partes de nuevo.

Elegir bien importa porque cada camino cierra puertas por un tiempo: si tu renegociación fue declarada admisible, no puedes pedir otra hasta cinco años después (art. 270), y si tuviste una liquidación terminada, debes esperar cinco años desde su publicación para pedir otra (art. 273 B). En la guía «Quiebra personal en Chile: Ley 20.720 paso a paso» encontrarás el panorama general.

Renegociación: cómo funciona en pocas palabras

Presentas tu solicitud en la plataforma de la Superir con tu RUT y Clave Única, con declaraciones juradas de tus deudas, ingresos y bienes, y una propuesta de pago. Según la Superir, el trámite no tiene costo y no requiere patrocinio de abogado. Dentro de diez días hábiles administrativos, la Superintendencia declara admisible la solicitud, te pide corregirla o la declara inadmisible (art. 262).

Desde que se publica la resolución de admisibilidad en el Boletín Concursal, no pueden iniciarse en tu contra juicios ejecutivos, ejecuciones de ninguna clase ni restituciones en juicios de arrendamiento; se suspende la prescripción y dejan de devengarse los intereses moratorios pactados (art. 264). Luego vienen la audiencia de determinación del pasivo, la de renegociación y, si no hay acuerdo, la de ejecución (arts. 263 a 267).

El acuerdo requiere tu voto y el de dos o más acreedores que representen más del 50 % del pasivo reconocido, y obliga a todos los acreedores de la nómina, hayan asistido o no (art. 266). Puede repactar, novar o remitir tus deudas. El detalle de cada etapa está en la guía «Renegociación de deudas ante la Superir: requisitos».

Liquidación voluntaria: cómo funciona en pocas palabras

Presentas ante el tribunal la nómina de tus bienes, de los bienes excluidos, de tus juicios pendientes y de tus deudas, con tu informe de deudas de la Comisión para el Mercado Financiero, tu carpeta tributaria electrónica y una declaración jurada de que los antecedentes son completos y fehacientes (arts. 273 A y 273 B de la Ley 20.720). Como es una presentación judicial, por regla general debe patrocinarla un abogado (art. 1 de la Ley 18.120).

El tribunal dicta la resolución de liquidación, que se publica en el Boletín Concursal (art. 274). Desde ahí quedas inhibido de administrar tus bienes embargables, aunque no pierdes su dominio hasta que se vendan; los bienes inembargables quedan fuera (art. 130). Las ejecuciones individuales se suspenden y los juicios que afectan tus bienes se acumulan al procedimiento (arts. 129 N° 5 y 135).

El liquidador vende los bienes, reparte lo obtenido según las preferencias legales y presenta su cuenta final. Firme la resolución de término, se extinguen por el solo ministerio de la ley los saldos impagos de las deudas contraídas antes del procedimiento (art. 255). Lo explicamos con más detalle en la guía «Liquidación voluntaria de persona deudora (Ley 20.720)».

Diferencias que deciden el caso

La primera diferencia es el resultado. En la renegociación, tus deudas siguen existiendo, aunque en otras condiciones: tendrás que cumplir el acuerdo durante su vigencia. En la liquidación, lo que no alcanzó a pagarse con tus bienes se extingue al final del procedimiento. Si tu problema es que tus ingresos no alcanzan para pagar ni siquiera una cuota reducida, un acuerdo de pago no lo resuelve.

La segunda es lo que pasa con tus bienes. En la renegociación conservas tu casa, tu auto y tus cuentas, aunque mientras dura no puedes vender, arrendar ni gravar tus bienes embargables (art. 264 N° 6). En la liquidación, los bienes embargables se venden; solo quedan fuera los inembargables, como la vivienda familiar con avalúo fiscal de hasta 50 UTM (art. 445 N° 8 del Código de Procedimiento Civil) o los muebles de dormitorio, comedor y cocina (bienes inembargables del art. 445 del Código de Procedimiento Civil).

La tercera es el acceso. La renegociación tiene requisitos de monto y antigüedad de las deudas, y se cierra si ya te notificaron una demanda ejecutiva no laboral o de liquidación (arts. 260 y 261 letra e). La liquidación voluntaria no exige número ni monto mínimo de deudas, pero sí antecedentes completos: el juez puede no dar curso a la solicitud si falta alguno (art. 273 B).

La cuarta es el costo. Según la Superir, renegociar no tiene costo. La liquidación implica honorarios de abogado y el honorario del liquidador, que se paga con lo que produce la venta de tus bienes: 20 % sobre los primeros 2.000 UF repartidos, con un mínimo de 30 UF que, si no se alcanza, completa la Superintendencia una vez aprobada la cuenta final (arts. 39 y 40).

Lo que ninguno de los dos caminos resuelve

Hay deudas que la ley deja fuera de ambos procedimientos. Las pensiones de alimentos, la compensación económica, las obligaciones derivadas de delitos o cuasidelitos civiles y las multas penales no se renegocian, aunque debes informarlas (art. 260 de la Ley 20.720). En la liquidación, tampoco se extinguen las pensiones de alimentos, la compensación económica ni las obligaciones derivadas de delitos o cuasidelitos (art. 255).

Tus fiadores, avalistas y codeudores solidarios tampoco quedan liberados por la extinción. En la liquidación, los acreedores pueden seguir cobrándoles a ellos (art. 255). En la renegociación, si el acreedor con aval asiste y vota en contra del acuerdo, puede cobrarle al aval en los términos originales (art. 266). Si alguien de tu familia firmó como aval, tenlo en cuenta antes de elegir.

Los acreedores con prenda o hipoteca mantienen su garantía. En la liquidación pueden seguir ejecutando el bien gravado (arts. 135 y 279 A). En la renegociación, el acreedor con prenda o hipoteca que vota en contra puede ejecutar la garantía, pero solo por el crédito caucionado (art. 266).

Cuál te conviene según tu caso

Estos veredictos describen la regla general para perfiles típicos. No reemplazan la revisión de tu caso concreto, y ninguno asegura un resultado: el acuerdo depende del voto de tus acreedores y la extinción de deudas tiene excepciones legales.

• Si tu caso es tener un sueldo estable, dos o más deudas vencidas hace más de 90 días que suman más de 80 UF y ninguna demanda ejecutiva notificada, conviene empezar por la renegociación, porque no tiene costo, te protege de nuevos juicios ejecutivos desde la admisibilidad y conservas tus bienes (arts. 260 y 264).
• Si tu caso es que ya te notificaron un juicio ejecutivo que no es laboral, conviene evaluar la liquidación voluntaria junto con tu defensa en ese juicio, porque la renegociación exige declarar que no te han notificado ninguno (art. 261 letra e) y la liquidación suspende las ejecuciones individuales (art. 135).
• Si tu caso es que tus ingresos no alcanzan para pagar ni una cuota reducida y tienes pocos bienes embargables, conviene la liquidación voluntaria, porque al terminar se extinguen los saldos impagos de tus deudas anteriores (art. 255) y los bienes inembargables quedan fuera (art. 130 N° 1).
• Si tu caso es tener bienes que quieres conservar, como una casa con avalúo fiscal superior a 50 UTM o un auto, y puedes pagar algo cada mes, conviene la renegociación, porque en la liquidación esos bienes embargables se venden para pagar a los acreedores (art. 130 y art. 445 N° 8 del Código de Procedimiento Civil).
• Si tu caso es que tu deuda principal es una pensión de alimentos atrasada, ninguno de los dos caminos la resuelve, porque se excluye de la renegociación y no se extingue con la liquidación (arts. 260 y 255); conviene revisar esa deuda por separado.

Qué pasa si eliges uno y no resulta

Si en la renegociación no hay acuerdo sobre el pasivo ni sobre tu propuesta, la Superintendencia cita a una audiencia de ejecución y propone cómo vender los bienes que declaraste, con un posible plan de pagos de hasta seis meses y una cuota que no supere el 30 % de tus ingresos (art. 267). Si hay acuerdo de ejecución, al terminar se extinguen los saldos impagos de las deudas incluidas (art. 268).

Si tampoco hay acuerdo de ejecución, o si la Superintendencia termina anticipadamente el procedimiento, por ejemplo porque aparecen bienes no declarados, los antecedentes se remiten al tribunal de tu domicilio, que dicta la resolución de liquidación (arts. 267 y 269). Es decir, una renegociación fallida puede terminar en liquidación, aunque no la hayas pedido.

Mientras dura la renegociación, desde la publicación de la resolución de admisibilidad, no puede pedirse tu liquidación forzosa ni voluntaria (art. 264 N° 1). Por eso no puedes tramitar los dos procedimientos a la vez: hay que elegir uno y prepararlo bien.

Riesgos comunes en ambos caminos

La buena fe es una condición en los dos procedimientos. En la renegociación, omitir un bien en la declaración termina anticipadamente el procedimiento y los antecedentes pasan al tribunal (art. 269). Vender, arrendar o gravar tus bienes embargables mientras dura puede hacerte responder como depositario alzado (art. 264 N° 6 de la Ley 20.720 y art. 444 del Código de Procedimiento Civil).

En la liquidación, el liquidador debe pedir, y cualquier acreedor puede pedir, que se declare tu mala fe si los antecedentes son incompletos o falsos, o si en los dos años anteriores ocultaste información o distrajiste bienes (art. 169 A). Si se declara, el tribunal puede ordenar que no se extingan tus deudas o que se extinga solo un porcentaje. Pagar primero a un acreedor «de confianza» o traspasar bienes a familiares antes de pedirla puede incluso ser delito (art. 463 bis del Código Penal).

En ambos casos, el expediente y las resoluciones principales se publican en el Boletín Concursal (arts. 6 y 263). Una vez finalizado el procedimiento, la Superintendencia y los registros de deudas deben eliminar, modificar o bloquear tus datos en un plazo no superior a 30 días (art. 6).

Un ejemplo para entenderlo

Ejemplo: Ana tiene tres deudas vencidas hace más de 90 días: 200 UF con un banco, 70 UF con una casa comercial y 30 UF con una tienda, en total 300 UF. Tiene un sueldo de 30 UF al mes y no la han demandado. Cumple los requisitos del artículo 260 y puede proponer un plan de pagos. Para aprobarlo necesita su voto y el de dos o más acreedores que sumen más del 50 % del pasivo: el banco y la casa comercial juntos tienen el 90 % (art. 266). En su caso, la renegociación es el primer camino razonable.

Ejemplo: Luis tiene las mismas deudas, pero perdió su trabajo, no tiene bienes embargables y un banco ya le notificó una demanda ejecutiva. No puede renegociar (art. 261 letra e). En la liquidación voluntaria, al quedar firme la resolución de término, se extinguirían los saldos impagos de esas deudas (art. 255). Ambos son casos hipotéticos y simplificados.

Si no puedes pagar un abogado

La renegociación no exige abogado ni tiene costo, según la Superir, y si te inician igual una ejecución puedes oponer tú mismo la resolución de admisibilidad (art. 264 N° 1 de la Ley 20.720). Para la liquidación, que sí exige patrocinio por regla general, las Corporaciones de Asistencia Judicial prestan asistencia jurídica gratuita a personas de escasos recursos (art. 2 de la Ley 17.995); consulta si en tu región atienden estos procedimientos. Con nosotros, la primera evaluación es sin costo y te entregamos un presupuesto cerrado por escrito antes de empezar.