DICOM y Boletín Comercial: qué pueden informar y cuándo deben borrarte

Qué deudas pueden aparecer en un registro de morosidad

La Ley 19.628 permite comunicar información económica solo en casos específicos: letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por cuenta cerrada u otra causa; y el incumplimiento de mutuos hipotecarios y de créditos de bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito, organismos públicos y casas comerciales, entre otros (art. 17). También pueden comunicarse otras deudas que determine un decreto supremo, siempre que consten en instrumentos con consentimiento expreso del deudor.

La misma norma prohíbe informar varias deudas habituales. Eso significa que, si apareces en un registro por una de ellas, puedes exigir que se elimine el dato.

• Deudas con empresas de electricidad, agua, teléfono y gas.
• Deudas con concesionarios de autopistas por el uso de su infraestructura.
• Deudas de educación superior regidas por las leyes 18.591 y 19.287, créditos con aval del Estado (Ley 20.027) y deudas contraídas para recibir un servicio educacional formal.
• Deudas con prestadores de salud y empresas relacionadas, originadas en una atención de salud ambulatoria, hospitalaria o de emergencia.
• Deudas repactadas, renegociadas o novadas, o con alguna modalidad pendiente.

Cuándo deben eliminar tus datos

Hay dos límites. El primero es temporal: en ningún caso pueden comunicarse los datos luego de transcurridos cinco años desde que la obligación se hizo exigible (art. 18 de la Ley 19.628). El segundo depende del pago: una vez pagada la deuda o extinguida por otro modo legal, no puede seguir comunicándose.

Al pagar, el acreedor debe avisar al registro, a más tardar dentro de los siete días hábiles siguientes, para que se actualice el dato. También puedes pedir tú directamente la modificación, liberando al acreedor de esa obligación si te entrega una constancia suficiente del pago, decisión que debes expresar por escrito. Quienes usan datos provenientes de ese registro deben actualizarlos dentro de los tres días siguientes o bloquearlos mientras tanto (art. 19). Desde el 1 de diciembre de 2026 rigen las modificaciones de la Ley 21.719 a la Ley 19.628. Se mantienen los plazos de los artículos 18 y 19, y se agrega al artículo 17 la obligación de suprimir la información de obligaciones prescritas, sin necesidad de solicitud, orden judicial ni instrucción de la autoridad.

Tus derechos como titular de los datos

Tienes derecho a saber qué datos tuyos están registrados, a que se corrijan si son erróneos, inexactos o incompletos, y a que se eliminen si su almacenamiento carece de fundamento legal o están caducos; estas gestiones son gratuitas (art. 12 de la Ley 19.628). Además, puedes pedir cada cuatro meses, de forma gratuita, el registro de quiénes consultaron tu información en los últimos doce meses (art. 3 de la Ley 20.575).

Los registros de morosidad no pueden informar morosidades originadas durante un período de cesantía. Quienes reciben el seguro de cesantía quedan bloqueados mientras subsista el beneficio; quienes no están en ese seguro deben acreditar la cesantía con el finiquito o el acta ante la Inspección del Trabajo, por tres meses renovables una vez. No procede si tenías anotaciones durante el año anterior al término de tu relación laboral (art. 17).

Cómo reclamar ante un tribunal si no corrigen el dato

Hasta el 30 de noviembre de 2026 rige este procedimiento. Si el responsable del registro no responde tu solicitud dentro de dos días hábiles, o la rechaza, puedes recurrir al juez de letras en lo civil del domicilio del responsable (art. 16 de la Ley 19.628). La reclamación debe indicar la infracción y los hechos, con la prueba que tengas. El tribunal la notifica por cédula; el responsable tiene cinco días hábiles para presentar descargos y la sentencia se dicta dentro de tercero día. La sentencia es apelable dentro del plazo fatal de cinco días.

Si el tribunal acoge la reclamación, fija un plazo para cumplir y puede aplicar una multa de 1 a 10 UTM, o de 10 a 50 UTM si se infringieron los artículos 17 y 18; si no cumple a tiempo, la multa es de 2 a 50 UTM (art. 16). El responsable debe además indemnizar el daño patrimonial y moral causado, y puedes pedirlo en la misma reclamación (art. 23). La ley pone de cargo del registro probar que actuó con la debida diligencia (art. 3 de la Ley 20.575).

Qué cambia con la Ley 21.719

La ley fija su entrada en vigencia para el 1 de diciembre de 2026; en octubre de 2026 se tramita en el Senado un proyecto que propone aplazarla a diciembre de 2027. Con la entrada en vigencia de la Ley 21.719, la solicitud se presenta por escrito al responsable, a través del correo electrónico, formulario de contacto u otro medio electrónico que haya dispuesto. Debe identificarte, indicar dónde recibir la respuesta y, si pides rectificación o supresión, señalar el cambio o la causal y acompañar los antecedentes. El responsable tiene 30 días corridos para responder, prorrogables una vez por otros 30. Si rechaza o no responde, tienes 30 días hábiles para reclamar ante la Agencia de Protección de Datos Personales (art. 11 de la Ley 19.628, en el texto de la Ley 21.719). Si la Agencia rechaza tu reclamo, puedes presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días hábiles (art. 43). La indemnización se pide en procedimiento sumario (art. 47).

Mientras se tramita la rectificación o supresión puedes pedir el bloqueo temporal de tus datos, que debe contestarse en dos días hábiles. La rectificación o supresión solo obliga al responsable al que se la pediste: dirígela a cada registro donde aparezcas (art. 11). Ambos derechos son siempre gratuitos (art. 10).

Gastos y lo que puedes pedir gratis

Pedir información sobre tus datos, su modificación o su eliminación es gratuito, y puedes obtener sin costo una copia del registro modificado; una nueva copia gratuita del registro actualizado procede si han pasado al menos seis meses desde la anterior (art. 12 de la Ley 19.628). Cuando el acreedor avisa del pago al registro, la ley permite cobrar la tarifa que corresponda con cargo al deudor (art. 19). Estas reglas rigen hasta el 30 de noviembre de 2026. Con la Ley 21.719, la rectificación, la supresión y la oposición son siempre gratuitas, y el acceso es gratuito al menos una vez por trimestre (art. 10).

Errores frecuentes que te pueden costar el caso

Antes de pagar o firmar algo para «salir de DICOM», revisa estos puntos.

• Pagar o repactar una deuda antigua solo para que la borren: si la deuda ya cumplió cinco años desde que se hizo exigible, no puede informarse aunque no la pagues (art. 18 de la Ley 19.628), y pagar intereses o pedir plazo de una deuda prescrita es renunciar a la prescripción (art. 2494 del Código Civil).
• Pagar sin guardar constancia: para pedir tú directamente la actualización del registro necesitas una constancia suficiente del pago y expresar tu decisión por escrito (art. 19).
• Dejar pasar los plazos de reclamo: en el reclamo ante el juez civil, que rige hasta el 30 de noviembre de 2026, el plazo para apelar de la sentencia es de cinco días y es fatal (art. 16 letra f). Con la Ley 21.719, el reclamo contra lo que resuelva la Agencia se presenta ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días hábiles (art. 43).
• Pedir solo la eliminación y olvidar el daño sufrido: hasta el 30 de noviembre de 2026 la indemnización puede pedirse en la misma reclamación (art. 23). Con la Ley 21.719 se demanda en procedimiento sumario y prescribe en cinco años desde que queda firme la resolución o la sentencia (art. 47).

Un ejemplo para entenderlo

Ejemplo: un pagaré por 40 UF se hizo exigible el 15 de marzo de 2021. Desde el 15 de marzo de 2026 ya no puede comunicarse, aunque siga impago (art. 18). Si en octubre de 2026 todavía aparece, puedes pedir por escrito su eliminación; si el registro no responde en dos días hábiles y reclamas antes del 1 de diciembre de 2026, puedes hacerlo ante el juez civil y pedir una multa de 10 a 50 UTM e indemnización (arts. 16 y 23). Es un caso hipotético.

Si no puedes pagar un abogado

La solicitud de corrección o eliminación al registro no requiere abogado. Para reclamar ante el tribunal, la Corporación de Asistencia Judicial presta asistencia jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos (art. 2 de la Ley 17.995), y quienes patrocina gozan de privilegio de pobreza por el solo ministerio de la ley (art. 600 del Código Orgánico de Tribunales).